Últimamente aparecen con mucha asiduidad notas de prensa en las
que se indica que un determinado ayuntamiento pretende vincular el pago de los
servicios de recogida y limpieza a la calidad del trabajo ejecutado. Loable propósito si no fuera porque estamos en
un país donde no se sabe cuántos barrenderos hay en la calle, o si los
contenedores se lavan una vez al mes o cada seis meses, y eso cuando desde hace
más de cinco años no sale ningún concurso de aseo urbano que no imponga la
necesidad de los imprescindibles “GPS”.
Pues bien, en el 99% de los casos no se ha realizado ningún descuento
por los trabajos no realizados. Si esto
que es tan sencillo no se aplica, qué puede esperarse del pago por la calidad
en la ejecución de los servicios.
El planteamiento teórico es indiscutible: “Se exige un nivel de
suciedad máximo en un determinado vial a una determinada hora, con
independencia de cómo se consiga”. Sobre
esto hay ya experiencias con más de veinte años de antigüedad, y los problemas
son similares:
- ¿Se es consciente del número tan elevado de muestras necesario para que un juez acepte la valoración?
- ¿La valoración de la persona que realice la inspección por parte del ayuntamiento va a ser incontestable?
- Tanto si lo es como si no ¿Cuántas personas serán necesarias en la empresa para el contraanálisis?
- Cuando se produzcan discrepancias ¿cómo se van a dirimir?
- Si da igual con que equipos se ejecute el trabajo ¿se aceptarán equipos usados en la licitación?
No piense el lector que quien escribe rechaza esa forma de pago,
bien al contrario, él y su empresa llevan más de diez años defendiéndola, pero
esta cansado de ver como a muchos de los responsables públicos se les llena la
boca con la equiparación con la industria en el control de calidad de los
productos, y luego los recursos disponibles son un 20% de administrativo y un
5% de técnico.
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